Chávez Abarca, Posada Carriles y el miedo de los titiriteros

10 01 2011

Con la selección del jurado, se inicia en El Paso, Texas, el juicio a Posada Carriles en un dilatado proceso colmado de trampas que evitarán condenarlo por su condición de verdadero y confeso terrorista. ¿Cómo soslayarán eso sus defensores ante tanta evidencia? Vea el siguiente comentario acerca del tema.

Por Iroel Sánchez (Cubahora)

Abarca

“Fui una marioneta de Posada Carriles, por la edad, por la información, por inmadurez, y de eso él se valió…”, afirmó —con la valentía propia de todo mercenario— el ciudadano salvadoreño Francisco Chávez Abarca en sus declaraciones durante la reciente vista del juicio oral que se le sigue en La Habana. El acusado por delitos de terrorismo reconoció su participación en la ejecución de varias acciones contra Cuba. Según el testimonio de Chávez Abarca, Luis Posada Carriles no solo lo contrató para ejecutar atentados con bomba en la Isla, sino que personalmente participó en la elaboración del material explosivo utilizado, e incluso suministró los medios en que el salvadoreño introdujo sus letales artefactos en la capital cubana.

Sin embargo, en virtud de las trampas introducidas en lo que es ya un dilatado proceso, el inminente juicio por perjurio contra Posada Carriles en Estados Unidos, no tomará en cuenta el testimonio de Chávez Abarca y otros salvadoreños convictos por terrorismo en Cuba. Como se ha denunciado reiteradamente, al autor confeso de la voladura de un avión cubano de pasajeros, no se le juzga por cargos de terrorismo sino por haber mentido bajo juramento. El cargo más grave en su contra es no haber reconocido que encargó los atentados con explosivos contra varias instalaciones turísticas en que falleció un ciudadano italiano, algo de lo que se jactó en una entrevista con la periodista Ann Louise Bardach de The New York Times y que consta en una grabación.

Las revelaciones de Wikileaks han sacado a la luz el extraño compromiso con la justicia de las autoridades norteamericanas en casos como el del camarógrafo José Couso, asesinado por militares estadounidenses en Iraq. Los documentos publicados han demostrado cómo los diplomáticos norteamericanos han presionado a jueces y fiscales de otro país para evitar que un crimen evidente sea condenado. Si así han actuado con instituciones extranjeras, no resulta difícil comprender por qué el proceso contra Posada Carriles ha sufrido sucesivas demoras en su tránsito por los tribunales norteamericanos.

Luis Posada Carriles ha estado implicado en las principales operaciones de la CIA en el hemisferio occidental en los últimos cincuenta años, como la guerra sucia contra Cuba, el Irangate y la Operación Cóndor. Se le acusa, además, de torturar a civiles venezolanos durante su permanencia en ese país, en la década de los setenta. Pero los amigos de Posada Carriles en Miami lo tratan a cuerpo de Rey para que mantenga la boca cerrada. Entre ellos se encuentran desde congresistas como David Rivera, hasta quien dirige la Fundación Cubano Americana (FNCA), José “Pepe” Hernández.

En el juicio de La Habana, Chávez Abarca señaló a Hernández como participante en una “reunión” en el Hotel Radisson, de San Salvador, junto a Posada Carriles y otros destacados integrantes de la FNCA. Fue, precisamente, el gobierno norteamericano, durante la administración de Ronald Reagan el que impulsó la creación de la FNCA y recicló en ella a veteranos terroristas de origen cubano. George Bush padre era entonces el vicepresidente de Estados Unidos y había sido director de la CIA, algo que puede explicar las alianzas que durante el mandato de su hijo George W. Bush mantuvieron los sectores más duros de Miami con la Casa Blanca. Pero no sólo los republicanos tienen vínculos con la FNCA, por allí pasó Obama en su campaña electoral para prometer a los amigos de Posada mantener intacto el bloqueo a Cuba.

Los extremistas del Sur de la Florida han convertido la defensa de Posada Carriles en una causa sagrada, algo para nada sorprendente si se conoce su historia de violencia y corrupción. Pero tanto como la administración Bush —que desató una guerra aún inconclusa contra el terrorismo- el gobierno de Barak Obama, que acaba de catalogar como “tragedia incalificable” el atentado contra la congresista Gabrille Gifford, en Arizona, estaría moralmente obligado a cambiar su actitud cuando menos negligente en un proceso como el que se ventilará en El Paso. De lo contrario, no es descabellado pensar que también ellos no son más que otra marioneta de esta historia.

 


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